DECLARAN LOS DAMNIFICADOS POR REMEDIOS TRUCHOS

La investigación podría salpicar a otras obras sociales

La ex ministra de Salud Graciela Ocaña aportó elementos sobre la vinculación de la Obra Social Bancaria y la droguería San Javier, del ex gerenciador del COE. Comenzaron a declarar familiares de pacientes que fallecieron tras recibir remedios para el cáncer o VIH. Anoche hubo más allanamientos

Remedios adulterados, vencidos o robados. Sobrefacturación al Estado. Funcionarios que hablan con empresarios sospechados. Testigos que vinculan a la esposa de un sindicalista con al menos una de las víctimas de un triple crimen que apesta a mafia. Y, en el medio, pacientes que murieron.
A estos ingredientes de la megacausa que investiga el juez federal Norberto Oyarbide se les sumarían otros, ya que el magistrado planea ampliar la pesquisa a varias obras sociales además de la Bancaria, única bajo la lupa hasta el momento por la presunta entrega de medicamentos truchos a enfermos de cáncer o VIH. Es que a las acusaciones ya existentes se les sumaron ayer las formuladas por la ex ministra de Salud de la Nación Graciela Ocaña. Y también las declaraciones testimoniales de las víctimas directas de las maniobras: parientes de pacientes que habrían muerto después de recibir medicación adulterada, "en el período fundamental 2005 y 2007, que es donde cobra furor extraordinario todo este grupo mafioso", precisó Oyarbide.
Mientras, en el juzgado analizan la documentación secuestrada antenoche en un allanamiento a una droguería ubicada en Forest al 700, de Capital Federal, que resultó "ampliamente positivo" en el el seguimiento de la ruta de comercialización de los medicamentos adulterados.
El propio magistrado había anticipado que en un operativo se encontró documentación probatoria del fideicomiso existente entre la Obra Social Bancaria (OSBA) y la droguería San Javier, sospechosa de haber vendido los remedios ilegales.
El juez resaltó que Ocaña "bregó mucho para que ese fideicomiso quedase sin efecto", pero lamentó que la funcionaria se haya ido, porque "ahora hay un nuevo fideicomiso" con la gestión del ministro Juan Manzur.
Al dejar los tribunales federales de Retiro, la ex funcionaria confirmó que aportó "algunos elementos que surgen de la investigación que se estaba llevando adelante sobre lavado de dinero y cooperativas de créditos en las que se lo vincula a (Néstor) Lorenzo", ex gerenciador del Centro Oncológico de Excelencia (COE) y titular de la droguería San Javier. Este empresario detenido el viernes y liberado al día siguiente es el principal imputado en la megacausa que comenzó en 2007. Ya fue citado a indagatoria, aunque todavía sin fecha.
Lorenzo habría sido el beneficiario de ese "fideicomiso" que la Bancaria solicitó a la cartera de Ocaña para adjudicar a dos droguerías la provisión de medicamentos de alto costo, que pagaba el Estado mediante créditos a las obras sociales. Además de San Javier, la otra empresa que sacaba provecho era Intermedicina, vinculada a Néstor Vázquez, "un ex funcionario de la Superintendencia de Servicios de Salud muy vinculado en los años '90", recordó Ocaña. Vázquez (que no está imputado en la causa) fue gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud durante la gestión de Héctor Capaccioli en el organismo que controla a las obras sociales. Y Capaccioli fue el recaudador de fondos para la campaña presidencial de Cristina Fernández, "causa" para la que Lorenzo habría entregado casi un millón de pesos.
"(Juan José) Zanola me pidió una entrevista en marzo pasado, porque nosotros habíamos denegado autorización para el fideicomiso. Fue una reunión muy tensa porque él dijo que necesitaba poner prestadores", contó Ocaña, revelando que "el 45 por ciento de los fondos que la Obra Social Bancaria recibía todos los meses iba a las droguerías".
Zanola, líder de la obra social, salió a responderle: "Miente", dijo, aunque admitió que conoce a Lorenzo, pero "no" tiene "una relación especial" con él.
El ex gerenciador del COE fue sometido a ocho meses de escuchas telefónicas en el juzgado, luego de un allanamiento a su casa y a su droguería San Javier hecho en noviembre del año pasado. En estas conversaciones quedó complicado el ahora ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense, Alberto Costa, desplazado el lunes, apenas estalló el escándalo. ¿De qué hablaron? Aparentemente, de un supuesto soborno a pagar en el negocio de la venta de medicamentos. La pesquisa apunta a que los remedios se obtenían en robos cometidos por piratas del asfalto, o por la sustracción de partidas estatales destinadas a la entrega gratuita.
Consultada sobre una eventual complicidad del Gobierno en estos negocios, Ocaña recordó que "ya apareció involucrado Alberto Costa", al que "'si echaron del cargo, alguna responsabilidad debe tener". Por eso vaticinó que "seguramente van a aparecer nuevos involucrados en
el caso".

Diario Hoy