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LA UNICA REDISTRIBUCION K: LA DE LOS IMPUESTOS

sábado 12 de septiembre de 2009 · 0 comentarios

PROGRESIVOS Y REGRESIVOS

En base a ingresos, el 40% más pobre paga más impuestos que el resto

¿Por qué la administración kirchnerista no impulsó nunca una reforma impositiva para acabar con privilegios inadmisibles, no sólo en el Primer Mundo sino también en otros países de la región? Maximiliano Montenegro.

10:23 |
Por M. Montenegro / CRITICA
12.09.2009

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Si la Argentina consiguiera recaudar dos puntos del PBI adicionales en el Impuesto a las Ganancias a las personas físicas, el Estado embolsaría unos $ 20 mil millones extras al año, suficientes para financiar un subsidio universal a la pobreza, como coinciden en proponer desde la CTA hasta Unión-PRO, pasando por el Acuerdo Cívico y Social o el socialismo.

¿Utopía? Es lo que recauda Brasil en concepto de Impuesto a las Ganancias. Según un estudio presentado por el tributarista Juan Carlos Gómez Sabaini en un seminario organizado por la ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto), Brasil recauda de Impuesto a las Ganancias casi siete puntos del PBI (2,6 sobre las empresas y 4,3% sobre las personas físicas), concentrando la carga sobre las personas físicas, como aconsejan los manuales de teoría impositiva, para acentuar la progresividad del impuesto y no desincentivar la inversión. En la Argentina, en cambio, se recolectan unos cinco puntos de PBI en Ganancias (3,5% sobre sociedades y 1,6% sobre personas físicas).

Utopía sería acercarse a los sistemas impositivos de los países desarrollados. Según datos de la OCDE, en Estados Unidos se recaudan 11,1 puntos del PBI en Ganancias (2,1% sobre sociedades y 9% sobre personas) y en Europa, en promedio, 13,4 puntos del PBI (el 3,3% sobre empresas y un 10,1% que aportan los individuos).

Como contraste del bajo nivel de recaudación en Ganancias personales, típico impuesto "progresivo" (pagan más aquellos a los que mejor les va), en la Argentina continúa siendo muy elevado el peso de los impuestos que gravan el consumo de bienes y servicios, fundamentalmente el IVA. Como es sabido, estos impuestos son "regresivos": Perez Compac y un indigente del GBA pagan el mismo 21% cuando compran alimentos o la misma alícuota de impuestos internos sobre los cigarrillos.

La Argentina recauda 12,5% del PBI en impuestos al consumo; mientras que los países de la OCDE, 11,5% del PBI, y Brasil, 9,3 por ciento.

"Es deseable que la desigualdad existente antes del pago de impuestos disminuya luego de contribuir al pago de las obligaciones tributarias", dice Gómez Sabaini.

Sin embargo, en la Argentina ocurre justo lo contrario. El 40% más pobre paga, en proporción a sus ingresos, más que el resto de la sociedad. El sistema tributario argentino empeora la distribución y relativiza la mejora inducida a través del gasto público. Para colmo, mientras haya casi un 40% de trabajadores en negro, la mejora de la distribución sólo por la vía del gasto siempre será acotada.

Como señala Guido Rangughi, "la informalidad cierra un círculo nefasto sobre la matriz distributiva, ya que los seguros sociales (obras sociales, asignaciones familiares, jubilación y pensión), que constituyen una poderosa herramienta del gasto público social, sólo benefician a los empleados formales, cuya participación en los dos quintiles más pobres es muy reducida" ("El Estado argentino y la distribución del ingreso", ASAP, 2009).

Según estudios de la consultora Equis y de Ernesto Kritz, en octubre de 2008, la brecha de ingresos entre el 10% más rico de la población y el 10% más pobre llegó a diferenciarse en 30,2 veces, un nivel similar al de mayo de 2002, tras la megadevaluación. Ese indicador de desigualdad en los noventa se elevó de 19 a 25 veces. Y sólo en el primer año de los planes Jefes (antes de que los licuara la inflación), en mayo de 2003, esa distancia logró achicarse a 24 veces.

TIEMPO PERDIDO. Néstor Kirchner nunca se animó a implementar una reforma impositiva que terminara con privilegios arrastrados desde la dictadura militar y dotara de progresividad al sistema. Los expertos acuerdan que dicha reforma debería empezar por recortar las exenciones impositivas y regímenes especiales (los llamados "gastos tributarios"), que en el Presupuesto 2009 superan los 23 mil millones de pesos.

En agosto último, los diputados socialistas Roy Cortina y Silvia Augsburger, acompañados por seis legisladores más, presentaron un proyecto de ley para eliminar la exención de Ganancias a las rentas financiares. No sería algo revolucionario. En los países desarrollados la norma es que estén gravadas.

Pero también es norma, a esta altura, en los países de la región: Brasil (intereses con la tasa general y ganancias de capital, con 15%); Chile (intereses y ganancias de capital, con tasa general); México (intereses con tasa general, ganancias de capital con 20%); Paraguay (intereses, 10%; ganancias de capital, 10%); Uruguay (intereses, 3,5% y 12% según montos; ganancias de capital, 12%); Colombia (intereses y ganancias de capital con alícuota general); Bolivia (sólo intereses).

La anomalía es la Argentina ("La tributación directa en América Latina, Equidad y Desafíos, J.C. Gómez Sabaini y Oscar Cetrángolo, CEPAL, 2008). En un cálculo conservador, el proyecto estima un aumento de la recaudación de $ 4.100 millones anuales, lo cual elevaría la carga impositiva de Ganancias a las personas físicas en 0,34% del PBI. Gravar las ganancias de capital (compraventa de títulos y acciones) y dividendos (como en Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay o Uruguay) tal vez duplicaría el monto.

Ricardo French Davis, otro economista de la CEPAL, suele decir que las grandes reformas impositivas deben realizarse en tiempos de crecimiento y de estabilidad financiera, para consolidarse en el futuro como un instrumento más del Estado, legitimado socialmente. No importa el gobierno de turno.

Durante los seis años de crecimiento a tasas chinas, en especial después del triunfo electoral de 2005, los Kirchner desperdiciaron una oportunidad dorada.

El matrimonio presidencial argumenta que, a falta de una reforma impositiva, avanzaron con las retenciones. Éstas, vale recordar, tras la devaluación fueron aplicadas primero por Eduardo Duhalde, allá por 2002, cuando Néstor Kirchner era gobernador y despotricaba contra esa medida del "centralismo" estatal.

Desde esta columna siempre se dijo que las retenciones eran un instrumento válido de la política macroeconómica, en contextos de tipo de cambio y/o precios internacionales elevados. Utilizadas por primera vez por la dictadura de Juan Carlos Onganía, poco tienen que ver con la distribución del ingreso y menos con diseñar un sistema tributario progresivo de carácter permanente. Como explica Aldo Ferrer, bajo esquemas de dólar alto, son la llave de la estabilidad macro: desdoblan el tipo de cambio efectivo (más elevado para la industria, el sector menos competitivo, y más bajo para el agro), mientras aportan los recursos fiscales necesarios para comprar los excedentes de divisas y evitar así la apreciación de la moneda. En esa coyuntura, son un elemento clave para preservar el círculo virtuoso de los superávits gemelos, fiscal y comercial.

Pero, ¿qué sucedería si los precios internacionales de las materias primas se derrumbaran? La propia lógica de las retenciones móviles sugeriría desmontarlas.

EL ESTADO SOY YO. Uno de los grandes errores de Néstor Kirchner fue confundir siempre gobierno con Estado y al Estado, como se le atribuía a Luis XIV, con su propia persona.

Sucedió cuando ordenó el bochornoso operativo de la AFIP en Clarín. Pero, mucho antes, en diciembre de 2007, cuando instó a la Comisión de Defensa de la Competencia –contra todos los fundamentos técnicos– a que aprobara la fusión Cablevisión- Multicanal. O la semana pasada, cuando les exigió al Comfer que borrara con el codo aquel dictamen de la Comisión y a la CNDC, que designara veedores en esas empresas que ahora estarían en infracción y antes no. O cuando instruyó a la ONCCA para que pisara compensaciones, que deberían otorgarse automáticamente bajo ciertos parámetros, a productores agropecuarios como castigo. O cuando da rienda suelta a Moreno para que haga y deshaga en el INDEC, sembrando de sospechas hasta las estadísticas, desde su origen asociadas con el concepto de Estado.

El único resultado de tales acciones es deslegitimar los instrumentos del Estado, instituciones que trascienden a cualquier gobierno.

LEYENDA. A propósito, un amigo me hizo llegar su factura de Metrogás del último bimestre, impresa con la leyenda en rojo "CONSUMO CON SUBSIDIO DEL ESTADO NACIONAL". Por esta casa en Belgrano R, paga $ 643,26 del bimestre juniojulio, y el Estado lo subsidia con $ 552,57, el equivalente a 3,5 planes Jefes de Hogar. Lo curioso es que el propio Gobierno le explica en la factura que su consumo fue "equivalente" a 156 garrafas de 10 kg, equivalentes a 2.496 pesos.

Pues bien, durante más de seis años, el Estado subsidió a mi amigo de Belgrano R y a otros cientos de miles de hogares de clase media acomodada destinando montos millonarios. Y permitió que las familias pobres que usan garrafa pagaran casi cuatro veces más caro el gas. Ahora sólo atina a confesarlo en la factura, porque mientras las cuentas fiscales aguantaban, Kirchner no autorizó un descongelamiento gradual.

¿Hay un ejemplo más patético de la impotencia del Estado para mejorar la distribución del ingreso?

ARREPENTIDO EN ESTAFA DE MEDICAMENTOS TRUCHOS

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HABLA EL PRIMER ARREPENTIDO DEL NEGOCIO DE LOS MEDICAMENTOS TRUCHOS

La mafia de los remedios financió la campaña presidencial de Cristina

Gabriel Brito figuró como aportante de la fórmula Fernández de Kirchner - Cobos. Pero ante Crítica de la Argentina reveló que, por necesidad, se prestó para ocultar que el dinero provenía del empresario farmacéutico Néstor Lorenzo.

09:10 |
Por Luciana Geuna / CRITICA
12.09.2009

Gabriel Brito, testigo clave en la causa.

Gabriel Brito transpira. Sabe que es el primer aportante que relata la trama secreta que une a la mafia de los medicamentos con la recaudación de la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Da nombres. Reuniones. Diálogos. Brito era propietario de Global Pharmacy, una sociedad que quebró el año pasado pero figura como donante de 310 mil pesos para el Frente para la Victoria en agosto de 2007. Brito asegura que nunca puso esa plata. Que era de Néstor Lorenzo, su amigo y principal acusado de vender remedios adulterados a la obra social La Bancaria. Brito dejó de ser anónimo el lunes, cuando el juez Norberto Oyarbide dejó en claro frente a los medios que en su investigación constan diálogos "sabrosos y atinentes a la campaña electoral entre el empresario Gabriel Brito y Cappacioli (recaudador K), que también lo echaron del Gobierno".

–¿Por qué dice que no aportó cuando hay cheques que llevan su firma y que luego ratificó frente a escribano público?
–El 4 de agosto de 2007 yo tuve un accidente, mi sociedad empezó a caer financieramente, no me podía mover, tenía la mano derecha quebrada. En ese momento Néstor Lorenzo tiene buenas actitudes hacia mi persona, como amigo, como ser humano. Luego, me pide una serie de cheques con montos desde 45 hasta 78 mil pesos.

–¿Cuántos cheques?
–Eran ocho o nueve. De ésos, había dos de 77 mil y dos de 78 mil que terminaron en el Frente para la Victoria pero yo me enteré un año más tarde, el 19 de agosto del año pasado. Había pasado el triple crimen cuando nos enteramos por boca de Lorenzo de lo que había pasado con esos cheques.

–¿Usted le dio los cheques sin preguntarle para qué eran?
–No. Me dijo que estaba pasando una mala situación financiera, que necesitaba cubrir algunas cuestiones pero que él se iba a hacer cargo de todo esto. Eran cheques emitidos a 45 a 60 días.

–¿Y cómo hizo para cubrirlos? ¿Lorenzo transfirió el dinero a su cuenta?
–No, él nos daba el dinero cash y nosotros lo depositábamos en nuestra cuenta. Pero no nos dio todo. Algunos cheques los cubrió, otros no. Sólo nos dio lo que terminó en la campaña electoral.

–¿A qué se dedicaba su empresa Global Pharmacy?
–Hacíamos auditoria farmacéutica. No comprábamos medicamentos.

–¿Y la relación con Lorenzo?
–Le hacía auditorias sobre la obra social La Bancaria. En algún momento pensé que era un amigo pero me terminó metiendo en un problema grave.

–¿Qué pasó cuando se enteró de que los cheques terminaron en la campaña?
–Me dijo que aportar a la campaña era muy bueno. Empezó con promesas de tener una reunión con Héctor Capaccioli, el recaudador y superintendente de Servicios de Salud.

–¿Usted conocía la vinculación entre ellos?
–Sí, todo el mundo la conocía. No era ningún secreto.

–¿Para qué quería una reunión?
–Él me decía que Capaccioli, en forma de agradecimiento al favor hecho, me iba a dar una mano para hacer determinados negocios, todo referido al sector salud. El 12 de noviembre, el día que lo sacan del poder, Lorenzo me dice "Héctor se va, está en problemas" y me pide que vayamos a la Superintendencia.

–¿Para qué?
–Me dice que le tenemos que hacer un favor a Héctor para que quede cubierto. Fuimos juntos, entramos al tercer piso de la Superintendencia sin registrarnos en ningún lado, fuimos a una sala de reuniones pegada al despacho de Capaccioli. Entonces, aparece Sebastián Gramajo, el responsable financiero de la campaña, y la escribana Andrea Rey. Me explican que es necesario ratificar el aporte.

–¿Por qué ratifica el aporte si asegura no haberlo hecho?
–Lorenzo decía que me iba a ayudar a cancelar el descubierto, a conseguir nuevos negocios.

–¿Había alguien más en esa reunión?
–Estábamos Gramajo, la escribana y yo. Lorenzo se metió en el despacho de Capaccioli. Yo firmo y nos vamos.

–¿Usted conocía a Capaccioli y a Gramajo?
–No, no conocía a nadie. Todo el que conoce la estructura de poder de este gobierno mal puede pensar que Gramajo o el otro responsable, Hernán Diez, puedan manejar ese sistema. Sólo pusieron la firma. Estoy convencido de que no manejaron nada.

–¿Quiénes son los responsables?
–Héctor Capaccioli, Néstor Lorenzo y hasta el propio ex presidente. Nadie puede recibir toda esa plata sin saber nada.

–¿Qué pasó después?
–No me dieron nada. Ahí empecé a mandar mails a todos lados. A diputados, senadores, ministros.

–¿Por qué no fue a la Justicia?
–Es que antes del 28 de junio era imposible creer que iba a pasar lo que pasó ahora.

–El juez reveló diálogos entre usted y Lorenzo sobre los aportes de campaña. ¿De qué hablaban?
–Yo le decía que me cubriera los gastos que habíamos tenido. El tema del negocio que me había prometido.

–¿Qué le respondía Lorenzo?
–Él decía "dejémoslo, no están muertos, esperemos que se vaya Ocaña (la ex ministra de Salud)". Que ya la echaban, que cuando ella se fuera volvían los negocios.

Sobre ley de Radiodifusión

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La Coalición Cívica reclamó un debate razonable de la nueva ley de Radiodifusión

Los senadores y diputados nacionales de la Coalición Cívica sostuvieron hoy en conferencia de prensa que "una verdadera ley de radiodifusión de la democracia debe ser producto del consenso de las diversas fuerzas políticas que integran el Congreso nacional logrado a partir de un debate razonable y libre de presiones y disputas particulares".


El diputado y jefe de Bloque de la CC , Adrián Pérez, aseguró que "creemos imprescindible que se trate una nueva ley de medios pero para sancionarse debe requerir de un amplio consenso y de un debate razonable, algo que el oficialismo ha evitado al apurar el debate y los procedimientos para sacar la ley sin atender los reclamos de la oposición". En cuanto al proyecto en sí, Pérez señaló que "no garantiza la libertad de prensa y busca controlar los medios, porque la autoridad de aplicación depende del Gobierno de turno, no se regula la asignación de publicidad oficial y el kirchnerismo busca entrar al mercado privado a través de la compra de Telecom".

A su turno, la senadora de la CC , María Eugenia Estenssoro, sostuvo que "si el objetivo es democratizar la información es necesario abordar los puntos que venimos trabajando y hoy estamos presentando en esta conferencia,  está claro que esto no se puede resolver en diez horas de debate como propone el oficialismo". Y agregó: "es necesario reemplazar  la ley de la dictadura pero cualquier ley de la democracia -por si-  no es una buena ley, debemos consensuar y llegar a la mejor ley".

Estenssoro y Pérez repudiaron además el operativo de la AFIP en la sede del diario Clarín: "Los organismos del Estado no pueden ser utilizados como herramientas de intimidación", dijo el diputado de la CC.

Para los bloques parlamentarios de la Coalición Cívica , la ley de medios de comunicación debe tener en cuenta los siguientes principios:

La Autoridad de Aplicación debe ser un organismo de Estado y no de gobierno, autónomo y autárquico; es decir, no puede depender del Poder Ejecutivo.

Los medios públicos deberán cumplir con los requisitos de autonomía y autarquía respecto del Poder Ejecutivo y sus directores serán elegidos mediante concursos públicos de antecedentes y oposiciones.

Las decisiones sobre adjudicaciones y renovaciones de licencias y frecuencias de radio y TV no pueden ser discrecionales sino que deben hacer mediante concursos y audiencias públicas sobre la base de parámetros objetivos.

Las empresas privadas concesionarias de servicios públicos y/o proveedoras de servicios públicos en ningún caso podrán brindar contenidos de radiodifusión.

El debate sobre los medios de comunicación actual debe ampliarse e incluir en forma paralela la sanción de una Ley de Medios Públicos, una Ley de Publicidad Oficial y una Ley de Acceso a la Información Pública y una Ley de Despenalización de delitos por Calumnias e Injurias.´

La asignación de publicidad oficial deberá regularse y los mecanismos de distribución deberán estar contemplados en el texto de la ley, a los fines de evitar que funciones como un instrumento de disciplinamiento para castigar o premiar a los medios de comunicación.

La ley de Medios de Comunicación debe garantizar el acceso universal a los servicios de banda ancha de Internet, de modo de cumplir con el objetivo de acceso a la información y el alcance de la convergencia digital.

Los plazos de adecuación de las licencias actuales a las condiciones que se fijes deben ser más amplios y razonables, de modo de no vulnerar derechos adquiridos.

En ningún caso se permitirán revisiones periódicas de las licencias otorgadas ni de las reglas para el otorgamiento de las mismas sin acuerdo del Parlamento.

La Ley deberá evitar la extranjerización del capital invertido en las licencias de radiodifusión, así como la monopolización del mercado audiovisual.

En ningún caso la ley establecerá control alguno sobre los contenidos que difundan los licenciatarios de medios, ni registros que limiten la producción de esos contenidos.

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COALICION CIVICA DE NECOCHEA
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